El 21 de febrero de 2002 fue detenido, junto con Eneko Royo Martínez, en un piso del municipio de Burlada, situado en el cruce de las calles Mayor y Lafuente, en un operativo que tuvo como objetivo detener la entrada en funcionamiento del comando Ekaitza, el enésimo comando Nafarroa de ETA. En el dispositivo policial desplegado en Pamplona y alrededores intervinieron hasta 120 agentes del instituto armado y se saldó con la detención de un total de tres hombres y tres mujeres, considerados todos ellos como presuntos miembros legales de ETA , es decir, sin fichar. La operación fue coordinada por el director general de la Guardia Civil Santiago López Valdivielso y instruida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional española , Guillermo Ruiz Polanco .
Tres días después, el 24 de febrero, dos presuntos miembros fueron detenidos cuando salían de la cárcel de Castellón tras visitar al recluso de ETA Fermín Ventura Pérez . Según fuentes periodísticas, estas detenciones se produjeron fruto de las declaraciones de los tres hombres detenidos pocos días antes. En aquellas fechas, los tres, fueron enviados a prisión acusados de asesinato. En el caso de Ruiz se le imputó la muerte del concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona y ex alcalde post-franquista del municipio Tomás Caballero el 6 de mayo de 1998. Según recogió el diario El País, Ruiz reconoció haber sido el autor material del disparo en la cabeza de Caballero, cuando se encontraba en libertad pendiente de un juicio por desorden públicos. También participó en los atentados contra el diputado foral de UPN Evelio Gil y contra el subteniente del Ejército español José Díaz Pareja, así como en los intentos frustrados contra un policía y un concejal del PSOE, ambos de la capital navarra . Según el plan abordado, la guerrilla tenía previsto atentar con lanzagranadas contra el cuartel del Ejército de Tierra de Aitzoain , según las confesiones de Ruiz al cuerpo policial. Por estos delitos fue sentenciado a 30 años de prisión.
Durante su tiempo en prisión se mostró disconforme con la postura de disolución del grupo armado y tildó a los dirigentes de la Izquierda abertzale de «liquidacionistas». Por estas declaraciones, el año 2017 fue expulsado de ETA y de su colectivo de presos (EPPK). Ruiz se convirtió uno de los pocos miembro de ETA que mostró públicamente su apoyo al ala disidente agrupada entorno al Movimiento para la Amnistía y contra la Represión, más conocido como Amnistía Ta Askatasuna (ATA).
El 9 de mayo de 2020 encabezó una concentración silenciosa de los reclusos del módulo 8 del centro penitenciario Murcia II, situado en Campos del Río , en la que llevó un cartel reclamando la excarcelación de enfermos y mayores de 65 años para evitar su contagio durante la pandemia por Covidien-19. Al día siguiente, 10 de mayo, fue trasladado de módulo e inició una huelga de hambre , tanto de bebida como de alimento, para protestar también contra la falta de medidas sanitarias adecuadas en el centro, así como para denunciar las múltiples amenazas recibidas por parte de los funcionarios de prisión. Al décimo día de protesta, el Juzgado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional solicitó un informe sobre el estado del preso en general, y de salud en particular. Al día siguiente sufrió una insuficiencia renal y fue entonces cuando su abogada comunicó la pretensión de Ruiz a recibir suero fisiológico, si así se estipulaba en una auto y se controlaba su situación en un hospital y no en prisión, tal como informó la agencia de noticias Naizo. De esta forma, al día siguiente, 21 de mayo, se le trasladó por orden judicial al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murciacon el objetivo de que recibiera tratamiento médico. Allí se le inyectó dos litros de suero y pudo recibir la visita de su madre. Un día después, el 22 de mayo, se le dio el alta hospitalaria después de haberle diagnosticado un trastorno de deshidratación leve y fue enviado de nuevo a la cárcel pero en esta ocasión con la obligación de pasar un período de cuarentena. A partir de entonces decidió abandonar la falta de ingesta de bebidas pero mantuvo la de alimentos, desde el módulo de enfermería. Antes y después del ingreso, Ruiz estuvo clasificado en primer grado o régimen cerrado, por lo que tuvo restringida la vida en el centro y pernoctó a solas en una celda.
Para denunciar su situación, varios presos, como Irantzu Gallastegi o Iñaki Etxeberria, mantuvieron durante la protesta la política de rechazo de la bandeja de comida en las cárceles de Sevilla-II, Córdoba y Castellón-I. Además, continuaron los ayunos y huelgas de hambre rotatorias en las localidades de Deusto, Ezkerraldea, Gasteiz, Ondarroa, Etxarri, Altsasu, Laudio, Maeztu y Zalduondo. Asimismo, ATA impulsó un manifiesto de apoyo a Ruiz que fue suscrito por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los presos vinculados al Partido Socialista Republicano Irlandés ( IRPS ), entre otros. En respuesta a estas movilizaciones y otros que sucedieron en todo el País Vasco, el presidente de UPN Javier Esparza presentó el 19 de mayo una denuncia, al considerar que podían constituir un delito de «enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas ».
El partido vasco EH Bildu expresó que la situación de excepción a la que se somete a los presos vascos está el origen del problema. Paralelamente, el 18 de mayo anunció que tramitaría las gestiones pertinentes para poder visitarlo, mediante la diputada Bel Pozueta, con el objetivo de «conocer de primera mano su situación, escuchar sus peticiones, y transmitirle nuestra preocupación por su estado, así como los avances que se puedan producir para una solución ». Por su parte, el partido Sortu responsabilizó a la política penitenciaria de excepción ya la dispersión de la situación de Ruiz. Tras conocerse las declaraciones, ATA declaró que «por encima de todo, hay que respetar la voluntad de Patxi, que ha dejado claro que las actitudes de EH Bildu y Sortu no tienen su visto bueno» y que «si Patxi tiene una mínima esperanza de seguir vivo, está en la presión popular que EH Bildu y Sortu están intentando detener». ATA también criticó la actitud del personal médico de la cárcel y los acusó de «más que seguir el código deontológico siguen el manual del militante fascista que se siente impune». Del mismo modo, acusó al director de la prisión de mantener «una actitud mezquina» que «no es nueva», lo que comportó que el centro penitenciario se convirtiera en el de mayor número de suicidios y asesinatos.
Las consecuencias de la protesta no sólo se limitaron a muestras de solidaridad en los centros penitenciarios y declaraciones de organizaciones y partidos sino que tuvo una proyección en las calles. En apoyo a Ruiz han reportado ataques contra sedes del Partido Socialista de Euskadi - Euskadiko Ezkerra ( casas del pueblo ), de Elkarrekin Podemos y del PNV ( batzokis ), así como cajeros automáticos y diferente mobiliario urbano. Uno de los actos de sabotaje más destacados fue el ataque con octavillas y pintura roja en el portal del domicilio de Idoia Mendia, líder del PSE-PSOE, sucedido el 19 de mayo. El 23 de mayo hubo una concentración de unas 750 personas en la plaza del Castillo de Pamplona en apoyo a las reivindicaciones de Ruiz, que fue convocada por redes sociales. El acto se vio interrumpido cuando un grupo de personas que se encontraban en una terraza comenzó a increpar a los asistentes. Las amenazas desencadenó en un enfrentamiento, con mesas y sillas por los aires, y la intervención de unidades antidisturbios de la Policía española y la Policía foral. El incidente finalizó con la detención de uno de los asistentes al acto que fue liberada con cargos a las pocas horas durante la madrugada. El 26 de mayo se sucedieron nuevos incidentes contra sedes de partidos, concretamente aparecieron con pintadas cinco del PNV (en los barrios de Begoña y San Ignazio de Bilbao, el de Altza de San Sebastián, a Arrankudiaga y Basauri ) y una del PSE-PSOE (en el barrio de Txurdinaga de Bilbao).
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